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¿Qué son y para qué sirven los APP?


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Por William Pleites



Los Asocios Público Privados (APP) son una herramienta de política pública para movilizar inversión privada con el propósito de brindar bienes y servicios públicos. Usualmente, un APP consiste en un contrato de concesión de largo plazo (de 20 a 30 años generalmente) mediante el cual un inversionista privado se compromete a diseñar, financiar, construir y operar una obra de infraestructura pública (carretera, aeropuerto, hospital, escuela, cárcel, etcétera) y, en algunos casos, proveer los servicios que se espera que tal infraestructura ofrezca a la población.

Originalmente, este tipo de contratos se desarrolló en el Reino Unido a comienzos de los 1990, pero su éxito llevó posteriormente a su implementación en unos 140 países, bajo regímenes políticos muy diversos, incluyendo algunos socialistas como Rusia, China y Vietnam.

Los contratos de APP representan una alternativa a la llamada "Obra Pública Tradicional" (OPT) para la construcción y operación de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos. Comparado con una OPT, la ventaja principal de implementar un proyecto como APP radica en las posibles ganancias de eficiencia que podrían derivar de la ejecución del proyecto a cargo de un concesionario privado. La evidencia empírica muestra que, por lo general, los proyectos de inversión mediante OPT enfrentan problemas de sobre-plazos y sobre-costos considerables (del orden de 20 por ciento o más). Los proyectos ejecutados bajo APP, en cambio, suelen ejecutarse dentro de los plazos y costos pre-establecidos, lo cual se traduciría en última instancia en una mayor rentabilidad social comparados con la OPT.

Desde luego, esto no implica que los APP sean en todos los casos superiores a un esquema de OPT. Como cualquier herramienta de política pública, la efectividad de un APP depende de cómo se use la herramienta. Más específicamente, el éxito de un APP depende del buen diseño del contrato, así como del entorno institucional en cuyo marco este se ejecuta. Un aspecto clave en el buen diseño de un APP radica en la distribución de los riesgos que pueden afectar el proyecto, entre la entidad pública que actúa en representación del Estado y la contraparte privada. A este respecto, un principio básico consiste en que cada parte se haga cargo de los riesgos que mejor puede manejar. Por ejemplo, los riesgos de diseño y construcción usualmente recaen sobre la parte privada. El Estado suele hacerse cargo de otro tipo de riesgos, por ejemplo, riesgo de expropiación, riesgos relacionados con variables políticas, riesgos geológicos, etcétera.

Comprensiblemente, los proyectos de APP funcionan mejor en países con una sólida institucionalidad. En su ausencia, un contrato de APP puede ser pobremente ejecutado e incluso prestarse a corrupción.

En El Salvador, tomando en cuenta los avances en la institucionalidad requerida para este tipo de proyectos, los APP ofrecen además una oportunidad invaluable para desatar dinamismos de inversión que puedan contribuir a sacar al país del estancamiento económico en que ha estado atrapado por más de dos décadas.

Publicado en La Prensa Gráfica

12 de Febrero de 2019