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El Salvador abre el camino para impulsar los primeros Asocio público-privado


29 de mayo de 2018


FOMILENIO II continuará con el apoyo técnico al gobierno salvadoreño para impulsar los dos primeros asocios público-privado en El Salvador: la ampliación de la terminal de carga del aeropuerto internacional Mnsr. Óscar Arnulfo Romero y el proyecto de iluminación y videovigilancia de 140 km. de carreteras de la red vial prioritaria en 24 municipios.



Este último proyecto se volvió factible con la reforma del art. 26 de la ley de caminos y carreteras, aprobada por unanimidad (78 votos) en la Asamblea Legislativa el pasado jueves, y que permite iniciar las gestiones necesarias para someter a aprobación dicho APP.


Estas gestiones se refieren a un trabajo coordinado entre la oficina de Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en los que se debe evaluar, entre otras cosas, estudios de costo-beneficio del proyecto, valor por dinero –una evaluación sobre la rentabilidad de invertir dinero público en un bien o dejarlo en manos de un privado–, impacto social, entre otros. En paralelo, FOMILENIO II daría el apoyo técnico a través de la contratación de un experto en transacciones para que apoye y asesore el proceso de licitación.


Una vez hechas estas gestiones, se estima que la aprobación del APP llegaría a la Asamblea Legislativa el segundo trimestre de 2019. Una vez entre en vigor el primer APP, la empresa concesionaria asumirá por 20 años el financiamiento, instalación y mantenimiento de la infraestructura y los servicios para la iluminación y videovigilancia en la red vial prioritaria (24 municipios de La Paz, San Salvador y La Libertad), a cambio del derecho a comercializar la publicidad en el derecho de vía.


FOMILENIO II tiene un presupuesto de $10 millones para dar apoyo técnico a El Salvador para implementar de manera exitosa al menos dos APP: el de iluminación y videovigilancia y el de ampliación de la terminal de carga, cuya inversión privada se estima en USD19 millones y USD15 millones, respectivamente.


Los APP permiten que sea el sector privado el que invierta en un proyecto sobre un bien o servicio público, y por consiguiente permite al Estado liberar recursos para reorientarlos a inversión social, como la atención de servicios de educación y salud.